Aunque los choques entre el Estado y las
iglesias se han multiplicado en los últimos años, no habían escalado hasta el
punto de tantos pastores encarcelados por días, semanas o meses. Hasta que
llegó el 11J.
Por: Yoe Suárez
LA HABANA, Cuba. – El 11 de julio de 2021, Carlos
Macías vivió las grandes manifestaciones antisistema ocurridas en Cuba entre
dos disyuntivas. La primera, relacionada con su vocación: “ser pastor de una
denominación histórica como la Metodista, bajo el estigma de que los cristianos
no participan en política, y a la vez querer ejercer como ciudadano mis
derechos civiles y libertades”, dijo en una entrevista.
La otra disyuntiva gravitó “entre la necesidad de
expresarse y hacer uso de la libertad de pensamiento” y “el temor a las
consecuencias que eso podría traer al ámbito personal”. En otro tiempo,
como hicieron siempre tantos cubanos, el pastor quizá hubiese optado por
autocensurarse, por quedarse en casa. Pero aquel 11 de julio de 2021, conocido
como 11J, algo pareció moverse.
Por las maltratadas calles de Jovellanos, provincia de
Matanzas, una multitud coreaba libertad. Lo mismo sucedía en más de 60
localidades de todo el país. Carlos y su hijo mayor salieron de la casa
pastoral para sumarse. Él entiende que, como líder religioso, no tiene por
misión convocar a una protesta. Al creyente, por supuesto, le reconoce “el
derecho a participar en una manifestación reclamando justicia”.
El 11J salieron a la calle miles de personas de todo
tipo con reclamaciones diversas. Ha sido, hasta el momento, la mayor exhibición
del poder de la sociedad civil en un país totalitario, en el que el Estado
socialista trata de controlar todo lo posible a sus ciudadanos.
Es imposible saber quiénes eran exactamente las
personas que se manifestaron, pero una parte de ellas forma parte de la
creciente comunidad de cristianos evangélicos o protestantes, quienes, según
una encuesta de 2015, representan alrededor del 7 por ciento de la población.
La tensión entre algunos de los líderes de esta
comunidad y el Estado había aumentado durante los últimos tres años. Desde
2018, las principales iglesias protestantes reclamaban más independencia de las
organizaciones estatales que tratan de controlarlas o que no les reconocen
estatus legal. También habían rechazado de manera enérgica mandatos estatales
como, por ejemplo, el llamado “Programa de Educación Integral en Sexualidad
con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema
Nacional de Educación”, y habían exigido el derecho a vivir y educar a sus
hijos de acuerdo con sus principios y creencias religiosas.
Aunque los choques con el Estado y los actos de
castigo o intimidación a estas iglesias se habían multiplicado desde entonces,
no habían escalado hasta el punto de tantos pastores encarcelados por días,
semanas o meses. Hasta que llegó el 11J.
Ese día, Carlos Macías y otros líderes protestantes
que nunca habían salido a las calles a protestar, lo hicieron. Se unieron a
miles de otros ciudadanos, que tampoco antes se habían manifestado. Y esta vez,
los líderes religiosos no se manifestaron solo por los motivos anteriores, se
sumaron como parte de una población que pedía alimentos, medicinas y, sobre
todo, que gritaba “libertad”.
Desde entonces se ha desatado una persecución contra
algunos pastores que dura hasta hoy y que ha contribuido a que cada vez más
religiosos o iglesias cuestionen la represión policial o se pronuncien contra
el régimen.
Los protestantes fueron, de hecho, el colectivo
religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11J, de acuerdo con un
recuento del grupo Justicia 11J, que realiza el inventario de las detenciones y
procesos judiciales que están sufriendo quienes se manifestaron aquel día.
Posteriormente, a finales de agosto, otro líder de la
comunidad, que había sido abiertamente crítico con el régimen y compartió en
redes sociales imágenes de las protestas del 11J, también fue capturado y
procesado.
En todos estos casos, los pastores no fueron detenidos
como parte de grupos más grandes. O bien las autoridades los estaban esperando
en sus casas o iglesias, o bien fueron capturados entre la multitud.
Aunque todos ellos salieron a título individual, sin
incitar a sus fieles a manifestarse, recibieron el mismo tratamiento que otros
líderes de la sociedad civil u opositores más abiertamente políticos:
detenciones y procesos penales.
“El gobierno considera a los grupos religiosos como el
sector de la sociedad civil independiente más grande y teme su potencial para
movilizar grupos numerosos de personas. La participación de creyentes y algunos
líderes religiosos en las protestas del 11J alimentó la paranoia gubernamental”,
afirmó en una entrevista para este reportaje una vocera de Christian Solidarity
Worldwide (CSW), organización internacional que promueve la libertad religiosa.
“El gobierno quiere casos ejemplarizantes, que
muestren a otros líderes religiosos cuáles serán las consecuencias si no siguen
las reglas”, aseguró la fuente, que pidió no ser identificada
por el trabajo que realiza CSW en Cuba.
Además de las seis detenciones mencionadas, hubo casos
como el de Carlos Macías. Él recuerda cómo aquel día “cada cual decía lo que
quería decir: básicamente la desesperanza y el desacuerdo con lo que está
pasando. Mucha gente, casi 1 500 personas de diferentes edades, comenzaron a
caminar de manera pacífica por las calles de Jovellanos”, narró en un video
en redes sociales.
Según su testimonio, en la protesta “no hubo
violencia por parte de los manifestantes”. Sin embargo, eso no evitó que
“un grupo de simpatizantes del Gobierno cubano y oficiales de civil” entraran a
la concentración para intentar detenerlo a él y a su hijo. “Nos insultaron,
blasfemaron y llamaron ‘perros’. Trataban de desestabilizarnos mentalmente,
buscaban contienda”, dijo el pastor.
En medio de la multitud, Carlos recuerda que alguien
gritó “¡se quieren llevar al pastor!”. Entonces “parte del pueblo intervino
y frustró la detención. Ahí entendimos que debíamos salir del caos que emergía
en el lugar y regresar con mi esposa y mi hijo menor”.
Tras regresar, la casa pastoral fue vigilada por
efectivos del Ministerio del Interior (MININT). A Carlos le advirtieron que, de
salir, sería encarcelado. Estaba en reclusión domiciliaria sin cargos.
Carlos ya se había pronunciado antes contra desafueros
del Estado mediante enseñanzas y posts en redes sociales. Cuando el artista del
Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de
hambre en abril de 2021, expresó su solidaridad con él en redes sociales.
De ahí que el 11J fuera natural para él salir a la
calle. En un video en su perfil de Facebook aclaró: “Hoy tuve el honor de
participar en una manifestación espontánea. Quiero decir que aquí a nadie se le
pagó un quilo por participar”.
“Díaz-Canel, un presidente que no elegí, en el marco
de estas manifestaciones hizo un llamado al derramamiento de sangre, al
enfrentamiento ―denunció―, y sobre él recaerá la responsabilidad por cada gota de
sangre de cubanos que”
por pensar diferente “sean
heridos o mueran en el intento”.
“Ha llegado el momento de alzar la voz, es peligroso
porque vivimos en una dictadura. Pero creo que no podemos aguantar más”,
espetó. “En Cuba vivimos cubanos dignos que no estamos dispuestos a seguir
guardando silencio para complacer a una familia”. Los Castro.
Su motivación, según él mismo, no obedeció a “cuestiones
políticas o ideológicas”, sino a “principios bíblicos, teológicos y
doctrinales relacionados con la libertad y la verdad”.
Preso en su casa, Carlos vivió las horas como dentro
de una gran gota de ámbar. El calor y la incertidumbre de qué ocurriría con él
y los suyos ralentizaban el tiempo.
Mientras, Ricardo Pereira, obispo de la Iglesia
Metodista, contactó en persona con las autoridades para cabildear por su
liberación. Tras dos días de reclusión, el pastor fue citado a la estación
policial de Jovellanos. Varios oficiales, de civil y uniformados, le amenazaron
con represalias si volvía a manifestarse públicamente, y levantaron la prisión
domiciliaria.
Algunos días después, la junta directiva de la Iglesia
Metodista publicó en sus redes sociales un comunicado con un lenguaje
inusualmente directo y crítico con el Gobierno. En él aseguraron rechazar “la
forma represiva usada contra la población que se manifestaba”.
“Cuba debe ser un país libre y soberano, donde todos
sus hijos sean respetados, tanto los que comulgan con la Revolución, como
aquellos que no simpatizan con el sistema sociopolítico”,
reclamaron.
Otras grandes iglesias emitieron comunicados
similares. La pentecostal Asambleas de Dios interpeló directamente a
Díaz-Canel, atribuyéndole la responsabilidad de la violencia ocurrida el 11J. “Un
gobierno que proclama la inclusión de todos los ciudadanos ha de tener la
sabiduría de propiciar el diálogo y no la confrontación. Creemos que consignas
carentes de paz y cordura no resolverán la situación en la que el país se
encuentra, sino que destinan a la nación a un total caos y destrucción”, afirmó
el texto.
Continuará
en el siguiente post….,
