Adelys
y Claudia
Ellos, a diferencia de Carlos, no pudieron
escapar al encarcelamiento. Cuando sus esposas pudieron localizarlos exigieron
a las autoridades que se les permitiera realizar una llamada. La respuesta fue
que en la cárcel no había teléfono.
Pastores del 11J: Cómo líderes protestantes se convirtieron en blancos
de la represión en Cuba. Continuación II.
Por: Yoe Suárez
El silencio es el ruido mayor en Cuba, pero Adelys
Rodríguez lo rompió cuando su esposo, el pastor Yéremi Blanco, fue detenido
durante las protestas del 11J en la ciudad de Matanzas. Lo supo a las 7:00 de
la noche del propio domingo. Claudia Salazar, esposa de otro pastor, Yarian
Sierra, la contactó para decirle que él también estaba preso.
Adelys dejó a sus tres niños junto al de Claudia, y
salieron a buscar a sus esposos por las estaciones policiales de la ciudad.
Nadie les dio información. “Nos trataron como si fuéramos perros, que no
teníamos derecho a nada”, me contó después de su primera maratón por
estaciones policiales.
Al otro día supieron en la delegación provincial del
MININT que sus esposos estaban en una sección especialmente preparada para los
cientos de detenidos del 11J, en la Prisión de Mujeres de la urbe. A la entrada
del centro penitenciario esperaron, por horas, una respuesta. Adelys recuerda,
en llanto, que altos oficiales dijeron que sus esposos “iban a estar allí de
siete a 14 días”.
Adelys Rodriguez y su esposo el Pastor Yéremi Blanco
Yéremi y Yarian son pastores de la denominación
cristiana Misión Bereana, presente en Cuba desde la década de 1940, pero
ilegalizada después que el castrismo confiscara sus propiedades en 1960. Hoy
sus miembros se congregan en casas propias o rentadas.
Aunque desde la década de 1990 el Estado cubano dejó
de autocalificarse como oficialmente ateo ―como
hizo durante décadas― y desde entonces tolera la práctica de la religión, aún trata de controlar y limitar al máximo el
funcionamiento de las organizaciones confesionales.
La actual Ley de Asociaciones, que ampara el
funcionamiento de las iglesias, descarta el reconocimiento de grupos cuyo “fin”
sea similar al de otro ya inscrito. Esto le permite al Estado negar la
inscripción de iglesias con doctrinas similares a las de otras ya reconocidas.
Solo escapan de esta regla las 55 denominaciones protestantes legales, en su
mayoría establecidas antes de 1959.
De estas iglesias históricas han surgido algunos
pastores, como el bautista Raúl Suárez, que apoyan al régimen. También hay
otros líderes que han mantenido distancia política, no cooperan, tratando de
interactuar lo menos posible con el Estado, pero sin confrontarlo abiertamente.
Por otra parte, existen grupos de fe que el régimen se
niega a reconocer, como la red de más de 50 iglesias Movimiento Apostólico, con
miles de miembros, o la Misión Bereana, a la que pertenecen Yéremi y
Yarian.
Con frecuencia, son estas iglesias no reconocidas las
que han vivido mayores violaciones a sus derechos: demoliciones de templos,
arrestos de líderes o coacción a la membresía, como expuso en un reporte de
2020 la ONG CSW.
Quizá por ello, y sin tener qué perder, los pastores
de estas congregaciones han sido más frontales que el de las asociaciones
inscritas. Líderes como el apóstol Yoel Demetrio, de Las Tunas, se refieren al
Estado como dictatorial o denuncian abiertamente los abusos contra la sociedad
civil, por ejemplo.
Sin embargo, esta división entre iglesias reconocidas
y no inscritas comenzó a cerrarse en 2018, cuando hicieron saber su posición
institucional y la de sus feligreses durante la redacción final de la nueva
Carta Magna.
Unas 45 denominaciones exigieron respeto a derechos individuales
básicos, como la libertad de conciencia, de prensa o la propiedad privada,
entre otros. Aunque el rechazo general al artículo 68 de la constitución
comunista (que cambiaba la visión del matrimonio como unión exclusiva entre un
hombre y una mujer) catalizó la alianza de las iglesias protestantes en una
campaña sin precedentes en la sociedad civil cubana, ese fue solo uno de los 16
artículos sobre los que hubo reclamos u oposición en la nueva Constitución.
Líderes protestantes aseguraron que votarían en contra
de la Carta Magna, oponiéndose a la campaña que emprendió el régimen a favor
del Sí.
Además, varias organizaciones religiosas, entre ellas
la Iglesia Metodista a la que pertenece Carlos Macías, el pastor de Jovellanos,
organizaron una campaña cívica nacional que incluyó recogidas de firmas e
incluso la convocatoria de una “marcha por la familia” que el Estado
prohibió.
Las autoridades reaccionaron al desafío que le habían
planteado las organizaciones religiosas. A partir de entonces, varios líderes
protestantes, incluidos los de iglesias reconocidas, comenzaron a sufrir más
citaciones, amenazas o prohibiciones para salir del país.
La tensión aumentó en 2019, cuando las más grandes
denominaciones opuestas a la Constitución formaron una organización al margen
del Estado: la Alianza de Iglesias Evangélicas. Esto constituyó un
cuestionamiento directo al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), organización afín
al régimen. Los creadores de la Alianza, de hecho, declararon abiertamente no
sentirse representados por el CIC y aún no han logrado que la organización sea
legalizada.
En la entrevista concedida para este reportaje, la
vocera de CSW aseguró que la creación de la Alianza “fue una muestra de
unidad nunca vista entre las iglesias protestantes desde 1959”.
Desde entonces, el CIC iría perdiendo miembros, lo que
puso en evidencia el deterioro cada vez mayor de las relaciones entre iglesias
y Estado. En la actualidad, menos de la mitad de las 55 asociaciones
protestantes legales del país integran la organización.
Poco antes del 11J, la Iglesia Cristiana Pentecostal y
la Reformada cancelaron su membresía en el CIC. Este acto de protesta ocurrió
por la implantación de un “Programa de Educación Integral en Sexualidad con
enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos” en el centralizado
sistema de enseñanza estatal, que generó un nuevo choque con el régimen, así
como rechazo entre la mayoría de las iglesias protestantes.
En aquel momento, Yéremi se pronunció por el derecho
preferente de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. En un
post de mayo de 2021, dijo no gustarle la política, pero lamentó que el
Gobierno controlara “estrictamente” la educación y que no hubiera
escuelas o se permitiera la educación en casa.
También denunció al “sistema comunista, que se ha
llenado la boca de decir que en Cuba no se violan los derechos humanos” e
ironizó: “en boca de los que se alimentan como parásitos de un sistema que le
propina ganancias en menor o mayor medida, somos el país perfecto”.
Para él y para Yarian, ambos integrantes de una
iglesia ilegalizada, la oposición más abierta al Gobierno venía desde al menos
2019. Ese año Yarian compartió en redes sociales una denuncia por la
expropiación de un templo de una Iglesia Nazarena.
Ese mismo año, poco antes, Yéremi participó de una
protesta en el aeropuerto de Holguín, después de que la estatal Cubana de
Aviación cancelara un vuelo y los clientes denunciaran maltrato por parte de
los funcionarios.
Por todo esto, como le sucedió a Carlos, para Yéremi y
Yarian resultó natural salir a manifestarse por las calles de Matanzas cuando
vieron en redes sociales que miles de personas lo estaban haciendo el 11 de
julio. Según explicó Claudia, la esposa de Yarian, ambos protestaron “porque
aborrecían el comunismo”.
Ellos, a diferencia de Carlos, no pudieron escapar al
encarcelamiento. Cuando sus esposas pudieron localizarlos exigieron a las
autoridades que se les permitiera realizar una llamada. La respuesta fue que en
la cárcel no había teléfono. Al día siguiente dijeron que no hubo llamada
porque los pastores se negaron a dar sus números. “Nuestros esposos no nos
tendrían angustiadas, sin saber de su paradero”, me dijo Adelys.
Están “prácticamente secuestrados”, posteó
Claudia en Facebook, y criticó a las autoridades: “Hasta los protocolos de
sanidad violaron porque solo permitieron entregarles tres nasobucos y llevan
más días detenidos”. Para entregar medicamentos a Yéremi, que estaba
recuperándose de la COVID-19, “tuvimos que buscar hasta prescripción médica,
porque no lo autorizaban”.
A Claudia le informaron que Yéremi y Yarian serían
procesados por escándalo público, pero “ellos ni agredieron a nadie, ni
destruyeron nada”, replicó.
Mientras, su detención causó indignación en
integrantes de la comunidad protestante como el pastor de Holguín, Jatniel
Pérez Feira, quien criticó en sus redes sociales las detenciones arbitrarias de
manifestantes. Poco después de pronunciarse, Pérez Feira aseguró haber recibido
llamadas anónimas para intimidarlo.
Continuará…,
Fuente: Cubanet
