Por: Eloy A Gonzalez.
Ya no están dentro de
la Iglesia Episcopal de Cuba la obispa Nerva Cot Aguilera y el deán Juan Ramón
de la Paz Cerezo. Su influencia en esa denominación y en el Consejo de Iglesias
de Cuba (CIC) marcó una etapa en la que las instituciones religiosas convivieron
—y en ocasiones se acomodaron— a un Estado que controla el espacio público y
regula la vida espiritual a través del CIC y la Oficina de Asuntos Religiosos.
Esa historia de connivencias, silencios y acomodos aún está pendiente de ser
contada con rigor.
Por
eso el pronunciamiento reciente del obispo y el clero de la Diócesis Episcopal
de Cuba en apoyo a Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y a su madre,
Caridad Silvente, constituye un hecho significativo. Ambas fueron condenadas a
dos años de limitación de libertad por grabar y difundir la entrega de una
citación policial. La Iglesia Episcopal pidió públicamente que las autoridades
escuchen “el clamor del pueblo”, describió como “dolorosos” los tiempos que
vive Cuba y enumeró, con inusual franqueza, las escaseces que agobian a la
población: hambre, falta de medicamentos, apagones insoportables, deterioro de
la salud y la educación, desigualdad creciente.
Los
religiosos expresaron su “frustración y dolor” ante la violencia policial
contra quienes deciden alzar la voz, recordaron que la libertad de expresión
está reconocida en la Constitución de 2019 y afirmaron con claridad: “Callar la
voz de los jóvenes es callar el presente y el futuro de la patria. Ante todo
esto decimos: ¡Basta!”
El
apoyo a Anna y Caridad se suma al de cineastas, académicos, humoristas,
instituciones internacionales y congresistas cubanoamericanos. También se suma
al respaldo de iglesias evangélicas legalmente reconocidas, que durante décadas
guardaron silencio ante hechos como el hundimiento del remolcador 13 de marzo,
la Primavera Negra, los fusilamientos de 2003 o la represión del 11J.
La
condena impuesta a Anna y Caridad no es simbólica. No pueden cambiar de
residencia sin autorización judicial, están sometidas a control policial y
comunitario, y cualquier incumplimiento podría llevarlas a prisión, según el
Código Penal y la Ley de Ejecución Penal.
En
Cuba, donde la historia religiosa ha sido narrada casi siempre desde una sola
parte, este pronunciamiento episcopal abre una grieta en el muro del silencio.
La historia eclesial cubana aún espera a quienes la escriban sin miedo, sin
consignas y con la fidelidad que exige la cruz del Señor.
La
historia está por escribirse… y también por aclararse.
