Agosto – Octubre del 2019, Autopista Nacional
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y Secretario del Partido
Comunista, Raúl Castro[1] :
Cuba precisa el bien. Con hijos encarcelados y tanta voz segada no hay
oportunidad de construir el país de todos.
El pastor Ramón Rigal y su esposa, Adya Expósito, fueron detenidos en
abril de 2019 en la ciudad de Guantánamo por ejercer el derecho (consagrado en
el Artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) de dar a sus
hijos una educación acorde a sus principios y valores. Ya en 2017 enfrentaron
un juicio y fueron condenados a prisión domiciliaria por practicar la enseñanza
en el hogar o "homeschooling".
Rigal y Expósito tomaron la decisión cuando su hija mayor, Ruth, volvió
de la escuela con dolores en su cuerpo: había recibido una patada en el
estómago, y había ocurrido por su fe cristiana. Ante el acoso o “bulling” escolar protegieron a la niña
del modo que creyeron correcto, incluso a costa de sus propias libertades.
Por más de dos años la pareja lideró un grupo de nueve familias que
sacaron a sus hijos de las escuelas estatales y se sumaron a un programa que
incluía materias como matemáticas, gramática e historia, entre otras, mediante
la metodología del colegio guatemalteco Hebrón, especializado en educación en
el hogar. Tal movimiento espontáneo de la ciudadanía refleja inconformidades y
un claro reclamo a diversificar la centralizada educación cubana.
Una vez cumplida la primera condena, Rigal dijo en un audiovisual de la
Asociación de Defensa Legal de Home School (HSDLA, por sus siglas en inglés)
que el Gobierno le impidió abandonar Cuba junto a su familia aun cuando los
boletos aéreos estaban comprados.
El 19 de abril Ramón Rigal y Adya Expósito, fueron sometidos a un juicio
que irrespetó el debido proceso. Ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para
convocar a un abogado que condujera la defensa en un proceso judicial que arrojó
dos años de privación de libertad para él y uno y medio para ella por "actos contra el normal desarrollo del niño,
asociación ilícita y asociación para delinquir".
Tras una demorada e infructuosa apelación, Rigal fue sometido sin
justificación a régimen de severidad en la cárcel guantanamera donde hoy purga
su condena.
EXIGIMOS
el fin de las agresiones contra la familia Rigal-Expósito, la libertad para
escoger la educación que los padres cubanos deseen para sus hijos, así como la
descentralización de la enseñanza en Cuba a todos los niveles. Reconocemos el
rol del Estado en el monitoreo de instituciones docentes, pero no como dueño
exclusivo de la educación.
Es un derecho de todas las personas y una responsabilidad de la familia,
la sociedad y el Estado. En ese orden, y no al revés. Los padres tienen la
obligación de alimentar a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus legítimos
intereses y la realización de sus justas aspiraciones, educarlos y formarlos
con valores morales, éticos y cívicos, más allá de una pretendida
correspondencia con la sociedad socialista.
Si las autoridades no atienden el reclamo de siete intelectuales y
artistas, al menos consideren las más de 30 mil firmas recabadas por una
petición de HSDLA a través de la plataforma citizengo.org. El Estado debe
proteger la familia, la maternidad, la paternidad y el matrimonio; separar a
padres de sus hijos no es la mejor manera de cumplir ese deber.
Mientras el calvario de la familia guantanamera se desarrollaba, en
julio de 2019 a varios presidentes de denominaciones protestantes cubanas se
les prohibía salir del país para asistir a un evento sobre libertad religiosa
en Washington. Eran “regulados”, una
práctica que limita la libertad de movimiento aplicada, también y por décadas,
a activistas, intelectuales, periodistas y una larga lista de actores de la
sociedad civil que el Partido Comunista identifica como enemigos sistémicos.
EXIGIMOS
el levantamiento de esa medida, violatoria de las libertades individuales, a
todos los ciudadanos cubanos a quienes se les aplique por razones políticas. La lista del Instituto Patmos supera
ya los 200 “regulados”.
De igual manera DEMANDAMOS la
no criminalización del ejercicio periodístico y el activismo social fuera de la
égida del Estado, así como las visiones diferentes a las del statu quo sobre el
presente y futuro de Cuba. Actitudes como esta llevaron una semana a la cárcel,
en julio pasado, al reportero y militante por los derechos religiosos Ricardo
Fernández Izaguirre. Esa historia se ha repetido contra varios comunicadores.
El Estado, en la práctica y no solo en la letra, debe respetar,
garantizar y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y
reconocer a los ciudadanos, instituciones no estatales y asociaciones la
libertad de prensa.
Cuba precisa el bien, y para eso la libertad de tanta gente y de ella
misma.
Creemos y firmamos:
Amir
Valle
Alberto
Garrido
Yaiset
Rodríguez
Yoe
Suárez
Carlos
Jesús (CJ) Martínez
Sacramento José Acebo
Antonio Lorenzo
[1] Las personas tienen derecho a dirigir quejas
y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas en plazo
adecuado, dando las respuestas oportunas y pertinentes de conformidad con la
ley.
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