Sin un Estado de Derecho, cualquier ley de cultos
sería tan incumplida como la ley que obligara a los lobos a ser vegetarianos.
Es inviable o un boomerang.
La Habana, de
junio, 2019./Con las mejores intenciones o por aparentar que hacen , hay religiosos abogando por solicitar a la dictadura
una Ley
de Cultos que proteja a los religiosos de los atropellos de esa misma dictadura
que debe regalarles esa ley que la limite en su poder. Que haga cumplir en la
práctica el derecho a la libertad de religión y de culto reconocido por “la Constitución” e irrespetado por el
Estado.
Sus argumentos se basan en las quejas de toda
asociación religiosa sobre la fiscalización asfixiante y represiva del Estado a
su quehacer y la negativa estatal a inscribir legalmente nuevos cultos y que
los persigue.
Sin queja, el cardenal Jaime Ortega, entonces
Arzobispo de La Habana y vocero “neutral”
de “las buenas intenciones de cambio” del
General, como muñeco de ventrílocuo de los gobiernos de Cuba y del español de
Rodríguez Zapatero; hace mucho declaró que debía existir una ley que regulara
las relaciones entre el Estado y la Iglesia.
Así que la ley de cultos la quieren tanto los cristianos
que no quieren seguir siendo reprimidos como los instrumentos del Estado dentro
de la Iglesia. Pero como en Cuba, Dictadura,
se escribe con mayúscula y sin comillas, es nombre propio y su apellido es
totalitario, mientras que “Constitución”
tiene que llevar comillas al igual que “legalidad”,
cae por su peso que una Ley de Cultos es inviable o un boomerang.
No sería aprobada, excepto que convenga al Estado
aprobarla sin aplicarla; para aparentar democratizarse; otro “cambio”, como
cuando el Gral. Raúl Castro “renuncio”
a continuar como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros (poder
ficticio). Poniendo a su muchacho, del cual declaró en Televisión que “lo
hemos preparado” y reservándose el Ejército y el puesto de Primer
Secretario del Partido.
Ambos poder efectivo por sobre la Constitución
y cualquier Ley, pues el Partido es “constitucionalmente”
“la fuerza rectora de la sociedad”; a
nadie rinde cuentas, mientras que el “Presidente
electo” como miembro del Partido le debe obediencia al Partido que nadie
eligió y que ni pincha ni corta. Es
su Comité Central (C.C.) quien manda y el C.C. es Raúl Castro, jefe del
Ejército.
¿Ese es el clima para leyes de algún tipo? Sin un
Estado de Derecho, cualquier ley de cultos sería tan incumplida como la ley que
obligara a los lobos a ser vegetarianos. ¿Cuál de sus leyes, deficientes o
buenas, cumplen las autoridades de Cuba? ¿La que prohíbe ruidos y música alta?
¿La que establece que la Policía debe allanar un domicilio según requisitos
legales y no con orden imprecisamente redactada y a las 2 de la madrugada?
¿Algún policía cumple como chofer las leyes del tránsito? ¿Cumplen las
autoridades el deber de responder a las quejas? ¿No son falsas las pesas en
cada comercio, sin faltar uno? ¿Obtener la propiedad de la vivienda o un
subsidio para repararla no cuesta kafkianas gestiones burocráticas y
cohechos?
Los defensores de la Ley de cultos dirán: “Si, pero podríamos quejarnos de que se
negaron a aprobarnos la ley, o de que la aprobaron y la incumplen”. Cierto,
“el derecho a queja” de los bien
intencionados, cuyas declaraciones las contrarrestarían las de otras
autoridades religiosas instrumentos desembozados o disimulados de la Dictadura,
quienes cantarían loas al “cambio”, a
“la mejoría de las relaciones”.
Mejoría “probada”
por la aprobación de la “Ley de Cultos”.
Y en el extranjero, la confusión acostumbrada que promueven los medios: “Cuba cambia, se democratiza”, “El lobo está comiendo hierba y, aunque con
retrocesos, disminuyen sus ataques carnívoros; esperemos”.
¿Tengo que decir cuál de ambos bandos clericales será
el favorecido por el Estado? ¿quién con
esa misma ley en la mano tendrá más elementos que ahora para presionar a los “contrarrevolucionarios y pro-yanquis que
utilizan la Iglesia”, mientras “los
verdaderos cristianos apoyan “el proyecto social”?. Los bien intencionados
y los mal intencionados, me dirán que no, que la Ley de cultos obligaría al
Estado a…. ¡¿En serio?!
Si consiguieran
su Ley, es imposible que no contenga como “caballo
de Troya” un compromiso de sumisión al sistema y un acápite sobre las “sectas dañinas”. ¿O la Dictadura se la
va a dar gratis y para que se protejan contra ella? El Estado totalitario será
juez inapelable y parte que interpretará a su gusto y aplicará esa ley. Hasta
ahora las regulaciones estatales contra las iglesias les son impuestas, pero a
partir de esa ley serán las solicitadas y aprobadas por las iglesias. Y no va a
dejar de dividirlos negociando y favoreciendo por separado.
Aprendan de su timorato intento de modificar el
Proyecto de “Nueva Constitución”;
pues por declarar contra el “matrimonio
homosexual”, ¡diez iglesias aprobaron todo el resto de la monstruosa
Constitución en bloque!:
Solicitaron y aprobaron con sus firmas la tiranía del
Partido (el General) las agresiones a disidentes y la educación de sus propios
hijos ¡“en los principios
-anticristianos- de la sociedad socialista”! Y ni se dieron cuenta la mayoría. Este nuevo
juego con la “legalidad” saldría
peor.
La ultima “Ley
de Cultos” que existió en Cuba, terminó en 1899 con el fin de la soberanía
de España sobre la Isla. Era el Patronato
de Indias, que hacia al Rey de España, en los territorios que colonizara,
la máxima autoridad y protector de la Iglesia Católica. Terminado ese control,
entraron en Cuba los misioneros de otras denominaciones, predicaron, fundaron,
prosperaron, sin que dejara de prosperar también la Iglesia Católica. Jamás hubo un concordato entre el Estado
cubano y la Iglesia Católica, es decir, un acuerdo entre ambos gobiernos para
que la Iglesia solventara sus asuntos internos con sus propias leyes y
tribunales eclesiásticos. Y ello fue bueno.
Y sin Ley de cultos ¿cómo no sufrieron
intervencionismo estatal?; porque la ley común se cumplía, pese a las
deficiencias de la Republica, a su tendencia al personalismo que llevó a las
dictaduras de Gerardo Machado (1926-1933) a la inestabilidad de 1933 a 1939, a
la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959) - por cierto, dictadores con
exitosas políticas económicas y no totalitarios- y culminó en Fidel Castro
(1959-2007) y sus herederos (2007- ¿?).
Antes, pese al caciquismo la corrupción y la guapería política, nadie podía confiscar una propiedad a una
asociación religiosa, o perturbar un culto con altavoces, o prohibir a un
predicador, y quien asesinara o malversara iba a juicio, fuera revolucionario o
pro-gubernamental. Y lo denunciaban en la Prensa y el político cuidaba no
perder los votos de los religiosos. Para darle una merienda en la logia a sus
esposas, por “el Día de las Madres”,
ninguna fraternidad tenía que pedir permiso con quince días de antelación; para
entonces aprobar o denegar sin explicarles.
Durante el Patronato de Indias, si hubo confiscaciones
a la Iglesia Católica, como en 1851 con la Ley
de Amortización de Mendizábal y toda otra denominación estaba prohibida,
los misioneros no católicos podían ser perseguidos por la Ley. De hecho hoy,
sin concordato, el Estado hace de la
vista gorda ante los casos de delitos cometidos por clérigos, otorgándoles
una impunidad que les da poder sobre ellos, “las mejores relaciones Estado-Iglesia”: No existe en Cuba un solo
religioso malversador o pederasta.
¿Y en Estado de Derecho?: El concordato entre el
Vaticano y el Gobierno de los Estados Unidos, fue uno de los factores en los
escándalos de pederastia, pues los involucrados alegaron que el Concordato los
autorizaba a no acudir a las autoridades judiciales laicas sino a las suyas
propias. Lo que necesitan religiosos e iglesias para ejercer sus derechos es
que las leyes sean justas y se cumplan; no una ley general o para cada
denominación, sino un sistema judicial ante el cual respondan el religioso y el
represor del religioso como cualquier otro ciudadano.
También un Tribunal
de Cuentas donde acusar a las autoridades por violación de la Constitución
y que el Estado únicamente intervenga si la asociación religiosa viola la Ley
común. Una única ley específica y no común, sobre las sectas dañinas (que ¡Dios
nos libre la haga este gobierno! Y es delito que no dejaría de ser estatuido en
una Ley de Cultos y usada para chantajear y destruir).
Que los cubanos puedan vivir de su trabajo, pues si
los fieles no pueden mantener por si mismos con sus donativos a su Iglesia, es
imposible la separación entre la Iglesia y el Estado. Pues dependen hoy las
iglesias de que el Estado les autorice recibir donaciones del extranjero, les
permita o niegue visas a los pastores, les autorice o no materiales para la
reparación, gasolina; mecanismos todos de control mediante el chantaje y la
corrupción.
Y para lograr todo lo antes expuesto como
indispensable para tener libertad religiosa, es necesario que los ciudadanos, y
los fieles como ciudadanos, tengan soberanía, puedan influir al Poder con sus
votos y opiniones, exista la separación de poderes con un sistema judicial independiente.
Si en serio quieren libertad religiosa, procuren todo
eso.
Continuará….,